La Confederación Patronal de la República Mexicana indicó que la dependencia federal ha ignorado por completo la opinión empresarial sobre que pretende reducir de 90 a 5 días los tiempos de respuesta ante las inspecciones laborales.

Luego de que la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) emitió un dictamen preliminar sobre el proyecto de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), donde pretende reducir de 90 a 5 días los tiempos de respuesta de las empresas ante las inspecciones laborales, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) acusó que se ha ignorado por completo la opinión de la iniciativa privada.

Ante eso, la Coparmex reiteró que dicha modificación propuesta por la STPS en el anteproyecto “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del reglamento general de inspección de trabajo y aplicación de sanciones”, es excesiva y convierte la obligación de difícil, a imposible de cumplir a cabalidad.

“De recortarse los tiempos de respuesta de 90 a 5 días se pone en riesgo la viabilidad de las empresas, pues se genera una sobrecarga adicional para atender las observaciones y así evitar multas y sanciones que, en el contexto de crisis económica actual, pone en entredicho si realmente la aplicación de la regulación generará mayores beneficios que costos”, aseveró. Expuso que, en el periodo de consulta pública para esta disposición, se recibieron 25 comentarios por parte de la sociedad civil y del sector empresarial, mismos que una vez emitido el dictamen preliminar sobre el proyecto, la STPS está obligada a responder sobre los posibles impactos de la regulación.

Por otra parte, en el periodo que comprende del 3 al 9 de julio de 2021, la #AlertaRegulatoria de la Coparmex observó el ingreso de 18 nuevos proyectos regulatorios a la Conamer de los cuales, uno fue clasificado como regulación con costo económico y/o social. “Dicha propuesta enviada por la Secretaría de Hacienda tiene como objetivo establecer los requisitos y obligaciones que deben de cumplir todas aquellas personas físicas que busquen acceder a la certificación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita”, concluyó.

Noticia extraida de: https://www.milenio.com

Escrita por: Eduardo de la Rosa / lvm

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