Año 1998, el titular de una nota periodística informa sobre el rescate de jornaleros agrícolas en condiciones de esclavitud. Año 2023, otra nota documenta lo mismo. Ha ocurrido desde antes, “pero pongamos ese periodo, ¿por qué en estos últimos 26 años sigue ocurriendo?”.
Margarita Nemecio, de la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas, lanzó la pregunta a quienes asistieron al “Diálogo sobre Trabajo digno en el sector agrícola en México”, convocado por Proyecto Periplo y Fundación Avina.
“Se habla de ausencia de mejoras en las políticas públicas y nos parece totalmente real”, reconoció Daniela Gómez, de la Secretaría Técnica de la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos de la Secretaría de Gobernación (Segob).
En su intervención, Margarita Nemecio mostró una serie de notas periodísticas de diferentes años, en las cuales se informaba sobre el “descubrimiento” o el “rescate” de personas jornaleras enganchadas para trabajar en empresas agrícolas, pero en condiciones de esclavitud moderna.
Las inspecciones laborales son una parte medular de las acciones para que la explotación, el trabajo forzoso y la trata de personas no sigan siendo inherentes al empleo agrícola, dijo la activista.
Sin embargo, apuntó, hay un déficit de personal de inspección, no se le asignan recursos para que se desplace a realizar su trabajo y no está debidamente capacitado.
Cuando por fin acuden a un campo agrícola y constatan violaciones a derechos humanos, las instituciones no dan seguimiento a los casos y las familias jornaleras no reciben una reparación del daño, agregó. Pedir que la remediación se realice con enfoque intercultural, de género y poniendo a las víctimas al centro sería ya una exageración.
Es verdad, no hay inspectores laborales
“Algo que todos sabemos, y que cada vez lo vemos mucho más desde este lado, es la constante rotación de personas servidoras públicas. Entonces, no se puede dar seguimiento (a los casos) y obviamente, pues, no hay sostenibilidad de los proyectos, de los programas”, dijo Daniela Gómez, de la Segob.
Al final de la intervención de Margarita Nemecio y de otras panelistas, la funcionaria tomó la palabra y reconoció los señalamientos de las activistas: “Sí hay muchos avances que se han hecho como país. No obstante, desde el servicio público nos hace falta darle sostenibilidad a estos proyectos”.
Y luego, compartió la carga: “Creemos que se debe reforzar la responsabilidad por parte de las empresas empleadoras. Hagamos empresas socialmente responsables. Hablábamos de capacitación en otras mesas, pero primero tendríamos que sensibilizar y posteriormente capacitar”.
El gobierno mexicano, agregó, “no puede solo. Ninguno podemos, se requiere completamente de la corresponsabilidad, alianzas y coordinación con todos los sectores: privado, público, sociedad civil y organismos internacionales”.
Luego, tocó el turno de la participación de Raúl Balmaceda, director de Inclusión Laboral y Trabajo de Menores de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), quien reconoció los “recursos limitados” en todo el proceso de inspección.
Sin embargo, él defendió: “Afortunadamente, con el uso de las tecnologías de la información se han desarrollado sistemas que buscan eficientar estos procesos”. Uno de ellos, dijo, el Programa de Verificación Laboral Voluntaria (Velavo).
Un enfoque intercultural ante el desafío
En octubre de 2023, recordó Margarita Nemecio, autoridades laborales de los tres niveles de gobierno de la mayor parte del país firmaron el Pacto del Mayab, un acuerdo contra el trabajo infantil, donde anunciaron que en 2024 la STPS realizará 2,000 inspecciones enfocadas en este creciente problema.
Es necesario que la autoridad federal informe cuántas de las 2,000 inspecciones a centros laborales se realizarán en campos agrícolas, agregó la especialista en migración interna y en las condiciones laborales de personas jornaleras.
De los más de 3.7 millones de niños, niñas y adolescentes en condiciones de trabajo infantil, la mayoría (33%) labora en el sector agropecuario, según la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI) 2022.
Por lo tanto, para resolver semejante problema no basta con las inspecciones, subrayó la activista. Hay que darle seguimiento a los casos e informar sobre los resultados de dichas visitas. “Sabemos que se hacen inspecciones, pero no dicen qué casos fueron identificados, qué acciones implementaron y de qué manera”
La estrategia contra el trabajo infantil, y en general la escalada del trabajo forzoso, debe incluir información accesible para que las personas jornaleras conozcan sus derechos, capacitación al personal de inspección y planes de remediación para las víctimas con enfoque intercultural, dijo.
“Hay que contemplar el contexto de las personas jornaleras, quienes vienen de comunidades rurales o indígenas”, expresó. Poner una denuncia resulta muy complicado para quienes no saben leer o escribir bien el castellano o que, como la mayoría de la población, tiene problemas para entender los tecnicismos jurídicos.
Otra dificultad es la lejanía de los Ministerios Públicos, el costo de transporte que implica desplazarse hacia esas oficinas y que prácticamente se requiere dedicarle un día por cada visita, por lo que es un jornal perdido, explicó Margarita Nemecio.
Desde hace más de 26 años la prensa ha documentado diversos “rescates” de personas jornaleras que eran explotadas laboralmente, pero “no tendríamos que hablar de rescate si hubiera atención a esta población y si la inspección fuera efectiva. Si se sabe de estos casos es porque las propias personas se atreven a denunciarlas”, apuntó.
Noticia extraída de: https://www.eleconomista.com.mx
Escrita por: Blanca Juárez
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Ilustración: ArtsyBee / PIXABAY
