La ausencia de políticas públicas efectivas en materia laboral es uno de los mayores desafíos del próximo gobierno federal.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha mostrado su extrañeza por el desinterés del aparato legislativo mexicano sobre mantener en el congelador 13 iniciativas en materia de igualdad salarial. La Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT de manera más diplomática le ha manifestado al gobierno de México que: “…confía en que las reformas anunciadas se concretarán en un futuro próximo”.
El gobierno de México debe responder este miércoles 12 de junio ante la Comisión de Expertos de la Organización Internacional del Trabajo por esta grave omisión de mantener sin razón 13 iniciativas en la congeladora de la Cámara de Diputados desde marzo de 2021.
Entre ellas se encuentra la modificación del artículo 86 de la Ley Federal del Trabajo para reconocer que “a trabajo de igual valor corresponde igual remuneración”, y otro que es de interés de la OIT, el artículo 6 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para incluir en la violencia económica, “…la percepción de un salario menor por un trabajo igual o de igual valor”.
Esta falta de interés del gobierno mexicano hace desconocer un concepto muy distinto de “a trabajo igual, salario igual”, que se refiere a la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor cuyo concepto es más amplio y abarca los casos en que hombres y mujeres realizan trabajos diferentes, pero que tienen un mismo valor.
Puede ser el caso de un chofer que labore para una persona y al mismo tiempo esta reciba los servicios de una trabajadora del hogar, al primero se le considere un salario mayor y a la segunda una percepción inferior por el hecho de ser mujer.
El tema es de suma gravedad porque México es parte de la llamada “Lista Corta” compuesta por 24 países dada a conocer el pasado 3 de junio en su Conferencia Anual celebrada en la ciudad de Ginebra, Suiza, señalados por no respetar algún convenio internacional de la OIT.
Entre los países de América que están señalados en esa Lista Corta se encuentran: Colombia, Ecuador, El Salvador, Nicaragua, Paraguay, Perú y penosamente México, por incumplir el Convenio 100 “Sobre la Igualdad de Remuneración” de la OIT.
De otros continentes se encuentran Argelia, Australia, España, Camboya, Filipinas, Túnez, Turquía, Turkmenistán, Países Bajos, Eswatini, República Democrática Popular Lao, Kazajstán, Guinea, Uganda, Gambia, Georgia y Japón.
En nuestro país nadie dice nada, ni funcionarios de gobierno u organizaciones de trabajadores, ni de derechos humanos. Desde luego en el sector patronal mexicano impera su silencio. Las páginas oficiales se encuentran en blanco ante el cuestionamiento de la OIT.
México enfrenta un número reducido de Inspectores de Trabajo que dificulta la política de seguimiento de las normas laborales. A nivel federal existen un poco más de 500 inspectores que realizan actividades de seguridad e higiene que resultan insuficientes para atender la problemática en todo el país. En las entidades de la República la inspección es simbólica alcanzando en algunos lugares no más de 5 inspectores.
Este problema se agrava con la ausencia de organizaciones sindicales y Contratos Colectivos de Trabajo en más del 90% del sector laboral, lo que deja en estado de indefensión a sectores vulnerables.
De acuerdo con el Foro Económico Mundial, el mayor desafío que enfrenta México es la desigualdad de género que existe en el ámbito económico. Nuestro país está entre los últimos lugares en este rubro, ocupa el lugar 110 de 146, cerca de economías como Costa de Marfil, Myanmar y Corea del Sur.
Algunos retos particulares para los mexicanos incluyen reducir brecha de ingresos por género e incentivar la participación de mujeres en puestos de mayor jerarquía.
La ausencia de políticas públicas efectivas en materia laboral es uno de los mayores desafíos del próximo gobierno que encabezará la doctora Claudia Sheinbaum como presidenta de la Republica. Deseamos que la reforma del sistema judicial y de instituciones laborales no signifique menores recursos ni retrocesos en una justicia laboral que requiere ser más eficaz.
Artícuo extraído de: https://lasillarota.com
Escrito por: Manuel Fuentes
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Ilustración / fotografía: Freepik
