Las organizaciones civiles advierten una preocupación en el cambio de enfoque del modelo de inspección que realiza la autoridad.
Si bien en los últimos años se han realizado diversos esfuerzos en materia de inspección de trabajo, la herramienta tiene aún áreas de mejora en cuanto a calidad y número de inspectores, baja en presupuesto, mecanismos de cumplimiento, entre otros más.
María Fernanda Ramos, líder de Investigación de Intersecta, señala que detectaron diversas áreas de mejora donde las autoridades podrían enfocarse para que la vigilancia se lleve de una mejor manera.
“Nos dimos cuenta de que los recursos destinados a la inspección se han estancado o se han reducido, tanto a nivel federal como local. Logramos saber que no hay suficientes personas inspectoras en el país. Además, las inspecciones que se hacen, o se han estancado o se han reducido”, resalta.
De acuerdo con el informe Inspeccionando la inspección en México: el caso de la industria indumentaria, elaborado por las organizaciones Colectiva Raíz, Prodesc, Prosociedad, Vida Plena Puebla e Igualab, Intersecta, Avina, Arropa, México presenta una tasa de inspectores muy baja para la fuerza laboral que se tiene.
En el territorio mexicano existen 1.1 personas inspectoras por cada 100,000 personas ocupadas, lo que posiciona al país como una de las economías con menos personal de revisión.
En ese sentido, datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), indican que la media mundial es de 5.8 personas inspectoras por cada 100,000 personas trabajadoras.
“Podemos observar que desde 2015 la cantidad de personas inspectoras ha tenido una tendencia a la baja, que alcanzó su mínimo histórico en 2020; esta tendencia significa que entre 2015 y 2023, el número de personas inspectoras federales del trabajo se redujo 30%”, destaca el análisis.
Otra área de oportunidad identificada es que la cantidad de inspectores se ha reducido con el paso de los años, y que existe poca información sobre el personal especializado con el que cuentan las autoridades.
En un periodo de ocho años, se ha incrementado la contratación de inspectores en plazas eventuales, mientras que las plazas fijas han disminuido. Cabe destacar que no existe información precisa sobre la especialización de los inspectores, según los hallazgos de la investigación.
Las organizaciones civiles advierten una preocupación en el cambio de enfoque del modelo de inspección, ya que actualmente se realizan más revisiones extraordinarias que ordinarias, lo que implica una línea más cercana a la reacción y no a la prevención.
“No conocemos el estado de la inspección, puede ser porque no estén realizando inspecciones, no porque no estén capacitando a las personas inspectoras, sino porque no llevan el registro detallado o desagregado de esa información, dado que no hay registro de información, no podemos conocer a ciencia cierta qué es lo que sucede”, comenta Fernanda Ramos.
Otro punto que destaca el informe, son los mecanismos alternativos de cumplimiento. Si bien la inspección es la principal herramienta de verificación de las autoridades, no es la única, en los últimos años se han reforzado las estrategias de autocumplimiento.
Pero el riesgo de los mecanismos alternos en ocasiones no profundizan en la información necesaria para conocer más sobre las inspecciones de trabajo, alertan las organizaciones en el informe.
“En materia de inspección, nos encontramos ante un potencial problema cuando la finalidad del uso de las tecnologías es disminuir la práctica de inspecciones en lugar de mejorar la forma en la que los centros de trabajo proporcionan información, y la manera en la que cumplen con sus obligaciones patronales”, apunta.
Un reto importante es la asignación de presupuesto, el cual se redujo en un periodo de ocho años, «lo que nos muestra el uso y la asignación presupuestaria es que la inspección laboral ha perdido prioridad”.
Por otro lado, en cuanto al perfil de los inspectores, no existe forma para conocer cuántos están especializados en las diversas materias que debe tener la autoridad.
“Desafortunadamente, la falta de información hace imposible conocer cuáles son las áreas de especialización de las personas inspectoras. La gran necesidad en esta materia es que las autoridades del trabajo competentes lleven un registro detallado de las personas inspectoras, sus grados de escolaridad, campos de estudio e historial de capacitaciones”, resalta.
Ángel Pazos Romero, coordinador de Diálogo Sindical de la Fundación Frederich Ebert en México, comenta que la inspección laboral tiene el objetivo único de garantizar el trabajo digno en el país, que las y los empleadores cumplan con la ley.
“La falta de coordinación entre los niveles de gobierno, sucede incluso, entre el mismo nivel de gobierno. Necesitamos que hagan una sinergia entre todas las autoridades incluso de mismo nivel de gobierno, para que tengamos menos obstáculos en el acceso a la información y de la inspección laboral de manera efectiva”, afirma.
Avances en la inspección laboral
Judith Olmedo Azar, directora de Fomento a la Productividad, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), expuso que se está apostando más por la calidad en lugar de la cantidad de revisiones a las empresas.
“En el 2019 se llevaron a cabo 35,000 inspecciones con un número de 3.5 millones de trabajadores beneficiados, para el 2024 fueron 33,000 inspecciones, pero incrementó el número de trabajadores beneficiados a 5.2 millones con este tipo de inspecciones, se ha apostado mucho a la calidad y no a la cantidad, y se ha apostado mucho a la prevención y no a la sanción”, dijo la funcionaria.
En los últimos ocho años, la autoridad federal ha realizado un rediseño en la inspección del trabajo. Los cambios abarcan desde la coordinación entre dependencias para el intercambio de bases de datos; el uso de big data, consecuencias más severas de la negativa patronal, programas de autocumplimiento; y la actualización del Reglamento General de Inspección del Trabajo y Aplicación de Sanciones (Regitas).
La actualización del Regitas redujo los plazos que tienen las empresas para corregir irregularidades detectadas durante una visita de verificación y separó el proceso sancionador del inspectivo.
Con ese cambio en el Reglamento se fijaron plazos de cinco días para presentar los documentos que avalen el cumplimiento para inspecciones en materia de condiciones generales de trabajo, capacitación y adiestramiento.
En caso de incumplimientos en una inspección de seguridad y salud en el trabajo, los patrones tienen un plazo de 30 días para corregir las irregularidades reportadas por los inspectores, con la opción de prorrogarse por un plazo igual, siempre y cuando el patrón justifique que el origen de las irregularidades detectadas corresponde a causas ajenas al centro de trabajo.
Olmedo Azar resalta que como autoridad no pueden sancionar o inspeccionar a empresas que están en el terreno de la informalidad, ya que no está en su jurisdicción realizar ese tipo de tareas.
“Como autoridades solo podemos hacer lo que nos mandata nuestra Constitución, nuestra Ley Federal del Trabajo, nuestras normas oficiales, nuestros reglamentos interiores. Por lo tanto, la inspección de trabajo tanto la federal como la local, no podemos inspeccionar el trabajo informal, no lo podemos hacer porque lo que vigilamos son los centros de trabajo formales y constituidos, y que estén dados de alta ante la Secretaría de Hacienda”, aclara la funcionaria.
Artículo extraído de: https://www.eleconomista.com.mx
Escrito por: Eduardo de la Rosa
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Ilustración: Kampus Freepik
