En México, 34,302 empresas presentan incumplimientos en sus obligaciones en materia de seguridad social, lo que podría significar la pérdida de su registro como empresas prestadoras de servicios especializados, además de sanciones fiscales, indicaron el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
Las dependencias detallaron que el pasado 1 de febrero se les envió un exhorto a las empresas para que regularicen su situación en materia de seguridad social ante la subdelegación del IMSS que les corresponda, “reiterando que el incumplimiento de las obligaciones fiscales o de seguridad social es una causal de cancelación del registro REPSE y puede ser motivo de sanciones fiscales”.
El Registro de Prestadores de Servicios Especializados u Obras Especializadas (REPSE) se creó con la reforma en materia de subcontratación en 2021; existen 151,000 empresas registradas y las entidades federativas donde se han concentrado la mayoría de estas empresas se encuentran en la Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Jalisco y Querétaro.
Las principales actividades que se desarrollan por medio de servicios especializados son el transporte, limpieza, construcción y servicios de mantenimiento, reparación, consultoría, comedores industriales, preparación de alimentos.
Con las actividades de inspección que realizan tanto el IMSS como la STPS se le ha quitado el registro a 1,756 empresas, además de que se les ha multado con 57 millones de pesos.
Datos de la dependencia refieren que en esta modalidad de contratación (servicios especializados) hay 5.7 millones de trabajadores, de ahí la importancia de que las empresas cumplan con el otorgamiento de la seguridad social.
“De esta forma, en la presente administración, la STPS y el IMSS refrendan su compromiso para realizar acciones coordinadas de forma permanente, a fin de vigilar el correcto cumplimiento de las obligaciones patronales en materia laboral y de seguridad social y así velar por el respeto de los derechos laborales de las personas trabajadoras”, destacaron.
En su momento, Alejandro Salafranca, jefe de la Unidad de Trabajo Digno, comentó a El Economista que en 2024 empezará la renovación del registro ante RESE; y destacó que el mensaje es claro para las empresas, “además de ser un tema de legalidad, además de un tema de ética y un tema, incluso diría, de compromiso con el país, es un tema de competitividad. Ahora es más barato cumplir que no cumplir, o sea sale muy caro para quienes quieren darle la vuelta a la ley. Esta reforma lo que viene a hacer es a poner un piso parejo en beneficio de las empresas que cumplen con la ley”.
A las empresas que les sea retirado el REPSE, enfrentan implicaciones fiscales porque no podrán hacer deducible el servicio, además de que podrían ser multadas.
Artículo extraído de: https://www.eleconomista.com.mx
Escrito por: María del Pilar Matínez
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Ilustración / fotografía: Mohamed Hassan / PIXABAY
