Hace menos de diez días, la Suprema Corte de Justicia Nacional (SCJN) ratificó la derogación del outsourcingo tercerización laboral, en vigor desde abril de 2021. Esta modalidad introduce la figura de una empresa “contratista” que opera como intermediaria entre el trabajador y la organización en la que se realiza la prestación del servicio o el desempeño de la actividad laboral por parte del trabajador.
El pasado 19 de junio la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) puso fin a la última posibilidad de aplicar outsourcing en México, basado en suministro de personal, tras la validación de subcontratación del 2021, declarando así como constitucional el nuevo régimen de servicios de especialidad que fueron ya integrados a la Ley Federal del Trabajo, además de haberse publicado los requisitos que deben cubrir las empresas para subcontratar.
La agenda de política laboral ha registrado grandes cambios en los últimos años que abarcan desde la recuperación del salario mínimo hasta una miscelánea de nuevos derechos para las personas trabajadoras, cambios en los que ha jugado un rol clave la STPS.
En la mayoría de las nuevas disposiciones legales para el mundo del trabajo en el país, las compañías cuentan con un bajo nivel de cumplimiento, lo que las pone en riesgo de sanciones. Todo esto a pesar de que en algunos casos se trata regulaciones con varios años de vigencia.
La ampliación de los días de vacaciones, la regulación del outsourcing y el nuevo modelo de justicia laboral son sólo una parte de los diversos cambios regulatorios que ha tenido el mercado del trabajo en el país en los últimos años. A continuación un recuento de las reformas del sexenio.
El outsourcing es un proceso mediante el que una compañía contrata a terceros que son subcontratados con el objetivo de delegar algunas funciones de la empresa, aumentar la producción, acceder a mejores tecnologías o reducir los costos.
Aunque las empresas no se encuentren inscritas en el padrón de servicios especializados que tiene el gobierno, la autoridad laboral puede identificar a las compañías que mantienen esquemas de pago para simular relaciones laborales, advierte la dependencia.
El desarrollo de auditorías internas preventivas ayudará a validar que la empresa se encuentra en total cumplimiento con sus obligaciones obrero-patronales.
La reforma que prohibió la subcontratación de personal en México está por cumplir dos años de haberse promulgado y las cifras oficiales señalan buenos resultados, pero qué de las otras formas de simulación laboral que siguen afectando a miles de personas.
Una de las tareas principales en este 2023 para la Unidad de Trabajo Digno de la dependencia será vigilar el cumplimiento de la reforma en subcontratación y para esto presentarán en el primer trimestre un nuevo programa de inspección, así como criterios más claros para cada sector, como los ya publicados en noviembre y diciembre para la agroindustria y los hoteleros.
