Las compañías con actividades esenciales deben tener un protocolo de seguridad sanitaria, de lo contrario pueden ser clausuradas o sancionadas. Aunque algunas señalan retrasos y errores.

A partir del 18 de mayo se dio luz verde para que empresas de los sectores minería, construcción y fabricación de equipo de transporte reiniciaran actividades con las medidas sanitarias establecidas por el gobierno federal: sana distancia, control de ingresos, uso de equipos de protección y vigilancia, entre otros. Para ello, se lanzó una plataforma para que cada compañía pueda dar a conocer y adjuntar los protocolos que les permitan cuidar la salud de los colaboradores.

Para acceder a ella es necesario ingresar a la plataforma de Nueva Normalidad, proporcionar los datos de la empresa, adjuntar el protocolo de seguridad sanitaria con el modelo que ofrece el mismo portal y firmar una carta compromiso. «El IMSS emitirá un acuse de recibo y una resolución: aprobación, solicitud de ampliación de información o denegación. Se da un tiempo no mayor a 72 horas para que se responda, pero en la vida real este tiempo se prolonga», explica David Merino, coordinador general del Grupo de Investigación, Análisis y Opinión de la Cámara de Diputados.

Así buscó hacerlo el dueño de una pequeña empresa de construcción (quien solicitó que su nombre no fuera citado), que quiere subir su protocolo sanitario a la plataforma. Hasta ahora, no ha logrado hacerlo. Al intentar hacer el registro, le aparece un error con su registro patronal del IMSS. Ha contactado a las autoridades para resolver su problema y que su negocio pueda completar la autoevaluación y no tenga a futuro mayor complicación en las operaciones.

«Más de 15 llamadas y más de 10 veces tomaron datos para enviar el reporte al área correspondiente. Hasta ahora en la página aparece el mensaje: Registro Patronal no existe. En IMSS Digital escribí el sábado pasado y me dicen que no han recibido notificación», asegura.

Tras la autoevaluación en la plataforma, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) ha realizado inspecciones en empresas de los tres sectores que iniciaron labores. En un primer informe se hicieron 329 visitas a empresas, de las que 41.95% comenzó actividades y cumple con las medidas de higiene, según informó Luisa María Alcalde, titular de la dependencia, durante la conferencia matutina del lunes. Solo 1.82% arrancó actividades sin cumplir con las medidas y una empresa (que representa 0.30% del total y caso en el que se dio vista al Ministerio Público. El resto de empresas aun no había reanudado sus actividades.

Merino puntualiza que, además, los gobiernos estatales de Nuevo León y Jalisco piden que las empresas se incorporen a registros adicionales de apertura. Así, se les otorga un distintivo que deben colocar fuera del domicilio de la empresa. Cuando las autoridades ven un local abierto pero sin esta señal, dan aviso a las autoridades sanitarias para una visita a través de la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de Salud y la Cofepris a nivel estatal y federal.

Martha Cano, líder de Soluciones Laborales Integrales en la consultora Mercer, asegura que en caso de que los inspectores detecten irregularidades se da aviso a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y se clausura el establecimiento. «Pero sabemos que en este momento no funcionan totalmente los procedimientos administrativos y una reapertura se lograría entre seis meses a un año. Si las violaciones son corregibles se programa una segunda visita de revisión y si se aplican multas pueden ir de 50 a 500 UMAs (86.88 pesos mexicanos) por trabajador».

Si un empresario no está conforme con la resolución de la inspección, puede impugnar a través de un juicio de nulidad o juicio de revisión ante las autoridades, una vez que se reestablezcan por completo los servicios públicos.

Artículo extraído de: https://expansion.mx

Escrito por: Alejandra Espinoza Juárez

Enlace del artículo original: https://bit.ly/33WpOrL