La crisis del COVID-19 nos enseñó una lección invaluable: la salud y la ética en los lugares de trabajo son esenciales para el bienestar de los trabajadores y la continuidad de las operaciones.
En este contexto, la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo y su seguimiento cobra una relevancia crucial.
La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 subraya la importancia de la vida, la libertad y la seguridad de las personas. En el entorno laboral, la mejora de estas condiciones debe ser una labor conjunta entre empleadores y trabajadores. No se trata de imponer medidas proteccionistas, sino de asegurar que todos los involucrados tengan una participación justa en las riquezas que han contribuido a crear. Estos principios son válidos y deben ser respetados, independientemente de si han sido ratificados formalmente por todos los países.
Un aspecto clave es la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación, algo que Costa Rica ha abordado a través de la Reforma Procesal Laboral. El seguimiento de estas normativas tiene como objetivo promover los derechos fundamentales y evaluar qué países aún no los han ratificado.
En el contexto de la globalización, donde el mundo está unido por las tecnologías de la información, la esfera pública y la economía de mercado se erigen como elementos primordiales de la sociedad civil. Sin embargo, el movimiento antiglobalización manifiesta un inconformismo hacia los efectos de la actual globalización sobre la ciudadanía. Este movimiento está conformado por políticos de izquierda, sindicalistas, ecologistas y pacifistas que se oponen a entidades como el Grupo de los 8, el Banco Mundial, el FMI y la OMC. La pregunta que surge es si es posible establecer una política pública internacional que aborde estas inquietudes.
En este escenario, el concepto de «compliance» se vuelve esencial. Las estructuras de compliance deben ser colegiadas y contar con suficiente autonomía. La retribución de sus miembros no debe estar ligada a los resultados de la empresa, para garantizar la imparcialidad. La política de compliance de una empresa vela porque las políticas, procedimientos y controles incluyan los contenidos apropiados y que los riesgos asociados con el incumplimiento de las obligaciones sean gestionados adecuadamente.
Es fundamental asesorar al personal sobre la importancia del compliance. Los canales internos para reportar incumplimientos deben ser accesibles y eficaces. La participación activa de todos los empleados en el cumplimiento de estas normas fortalece la integridad y la ética dentro de la organización.
En conclusión, el cumplimiento de las normas de seguridad, salud y ética en el trabajo no solo es una obligación legal, sino una necesidad para garantizar un entorno laboral justo y seguro. La colaboración entre empleadores y empleados, junto con una sólida estructura de compliance, son pilares fundamentales para construir una sociedad más equitativa y sostenible.
Artículo extraído de: https://www.larepublica.net
Escrito por: José Salas
Enlace del artículo original: https://shorturl.at/Cayx8
Ilustración: Elf-Moondance PIXABAY
