Aunque hay retos pendientes y áreas de oportunidad, especialistas en materia laboral coinciden en que el paso de Luisa María Alcalde por la Secretaría del Trabajo fue positivo y con desafíos importantes bien atendidos ante la implementación de grandes cambios en poco tiempo.
La agenda de política laboral ha sido una de las que más activas a lo largo de la presente administración y Luisa María Alcalde Luján, la nueva secretaria de Gobernación, una de las principales operadoras de la ola de cambios en esta materia.
Desde la creación de Jóvenes Construyendo el Futuro hasta la implementación de la reforma laboral, la gestión de la funcionaria frente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el balance de resultados fue considerado positivo por especialistas consultados.
“Es una de las secretarias del Trabajo que han tenido más éxitos en su gestión. Le tocó enfrentar los cambios más importantes que hemos tenido en décadas y en muy corto plazo, en cuatro años, fueron megacambios. La implementación fue bastante buena”, reconoce Óscar de la Vega, socio de D&M Abogados.
En mayo de este año concluyó la implementación de la reforma laboral del 2019, el cambio más importante durante la gestión de Luisa María Alcalde, coinciden los especialistas. Las modificaciones legales establecieron nuevas reglas de democracia sindical y negociación colectiva, y también un modelo de resolución de conflictos entre patrones y empleados que incluyó la creación de centros de conciliación y tribunales laborales federales y locales.
“La gestión fue excelente, principalmente por la promoción de los programas de apoyo social y el impulso de la reforma laboral, pese a las limitaciones con las que se está instrumentando. La esencia fue el cambio del modelo laboral, no fue una reforma que parchara el modelo anterior, que era de sobreexplotación del trabajo. El actual es un esquema que no busca inocentes o culpables, simplemente tiene como objetivo recomponer las relaciones”, apunta Alfonso Bouzas, coordinador del Observatorio Ciudadano de la Reforma Laboral.
Además del nuevo modelo de justicia laboral y negociación colectiva, la reforma de subcontratación, el reconocimiento de derechos laborales de trabajadoras del hogar, la recuperación del salario mínimo, las nuevas reglas para el teletrabajo, el incremento en los días de vacaciones y la regulación del trabajo de menores en campos agrícolas en actividades no peligrosas, también fueron cambios que la STPS implementó en la práctica, a pesar de que algunos se gestaron desde movimientos legislativos de la oposición, como el caso de las vacaciones dignas.
A diferencia de modificaciones legales en otras materias, las reformas laborales de la actual administración han librado sus batallas en tribunales y se encuentran operando a plenitud.
“Se vio un compromiso y se arremangó las mangas. En los procesos colectivos en los que participé, vi una persona interesada en resolver los problemas. Y aunque sí hay problemas, no han estallado como un tsunami en estos cuatro años”, señala Óscar de la Vega.
Por supuesto, agrega, hay áreas de oportunidad, como la disrupción que representó la reforma de outsourcing en algunos sectores y la poca flexibilidad de las relaciones laborales, las cuales han impactado en esquemas de contratación informales. En este sentido, el especialista espera que “haya flexibilidad de las disposiciones en casos específicos, análisis para no impactar los resultados de los negocios”, e implementaciones más graduales, sobre todo por los costos que se generan para las micro, pequeñas y medianas empresas.
Los cambios regulatorios no fueron los únicos retos que tuvo Luisa María Alcalde como secretaria del Trabajo, al interior de la dependencia, también encabezó un rediseño del modelo de inspección basado en cruces de información con otras áreas de gobierno, la estrategia de autocumplimiento y la operación de Jóvenes Construyendo el Futuro (JCF), uno de los programas emblema de la actual administración federal.
Uno de los principales desafíos en esta etapa, opina Alfonso Bouzas, también catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), son los cambios tecnológicos que “cuestionaron las disposiciones laborales clásicas como la estabilidad, jornada y salario”. Regulaciones como la reforma de teletrabajo atendieron una parte de estas transformaciones, pero “todavía no hemos replanteado las bases de las relaciones laborales a la nueva realidad, el esquema clásico de trabajo subordinado no nos resuelve las nuevas situaciones”.
Desde la perspectiva de Óscar de la Vega, los avances son “plausibles”, y una de las claves para que se implementaran, fue que el sector empresarial comprendió la importancia de los cambios y mostró su compromiso, especialmente con la recuperación del salario mínimo.
Pero en medio de esta ola de cambios, el factor externo que abonó al avance en materia laboral, subraya, fue el nuevo Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). “Eso nos puso fecha límite”.
¿Quién es Luisa María Alcalde Luján?
La nueva secretaria de Gobernación es egresada de la Licenciatura en Derecho de la UNAM y cuenta con una maestría en Derecho por la Universidad de California, Berkeley. Entre 2011 y 2012 coordinó a nivel nacional el movimiento juvenil de Morena, y entre 2012 y 2015 se desempeñó como diputada federal, donde integró la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
En 2018 se integró al gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador como secretaria del Trabajo y Previsión Social, se convirtió en la segunda mujer en ocupar ese puesto, y en la titular más joven de la dependencia.
En su proceso, encabezó una reestructura en el organigrama de la STPS, con lo cual se creó una unidad especializada para la promoción del trabajo digno, uno de los ejes principales de la política laboral de la dependencia.
Los objetivos prioritarios de la dependencia con Alcalde Luján al frente fueron:
- Lograr la inclusión de jóvenes a través de la capacitación en el trabajo
- Impulsar el diálogo social, la democracia sindical y la negociación colectiva auténtica conforme al nuevo modelo laboral
- Recuperar el poder adquisitivo de los salarios mínimos y los ingresos para mejorar la calidad de vida de las y los trabajadores
- Dignificar el trabajo y estimular la productividad mediante la vigilancia al cumplimiento de la normativa laboral
- Lograr la inserción en un empleo formal de las personas desempleadas, trabajadores en condiciones críticas de ocupación y personas inactivas con disponibilidad para trabajar, con atención preferencial a quienes enfrentan barreras de acceso a un empleo formal.
Artículo extraído de: https://www.eleconomista.com.mx/
Escrito por: Gerardo Hernández / El Economista
Enlace del artículo original: https://bit.ly/3CE9iKM
Imagen: Quadratín Tlaxcala
